lunes, 29 de septiembre de 2008

AMLO: Propuesta de solución a la actual crisis de México

DISCURSO DE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, DURANTE LA ASAMBLEA INFORMATIVA DEL MOVIMIENTO NACIONAL EN DEFENSA DEL PETRÓLEO, EN EL ZÓCALO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

28 de Septiembre de 2008

Amigas y amigos:

Muchas gracias por su participación en esta marcha-mitin. Muchas gracias de todo corazón.


Siempre que convocamos a una manifestación, a una asamblea, nuestros adversarios, los que no nos ven con buenos ojos, y en los medios de comunicación se habla de que no va a acudir la gente.

Ahora estuvieron diciendo que esta iba a ser la marcha, la concentración, menos participativa. Por ahora se van a quedar con las ganas, porque aquí estamos. Y todo se debe a ustedes.


Amigas y amigos:


La crisis del México actual es producto del agravamiento de dos males endémicos: la corrupción y la desigualdad.


Es indudable que siempre se ha padecido de estas calamidades. Pero de 1983 a la fecha, la corrupción y la desigualdad se han fomentado desde el poder público, se han institucionalizado.

Durante el periodo llamado neoliberal, lo que realmente ha predominado es una política excluyente y de pillaje. Aquí insisto: desde 1983, un grupo muy selecto de traficantes de influencias, especuladores, banqueros, grandes empresarios y políticos corruptos se apoderaron del gobierno, se han venido apropiando de los bienes del pueblo y de la Nación y han utilizado el presupuesto público para su exclusivo beneficio.


Todo este proceso ha sido operado por tecnócratas formados en escuelas del extranjero, donde se elaboran los sofismas o falsedades para tratar de justificar el predominio del interés económico de una minoría y la apropiación de los recursos naturales de las naciones por encima del bienestar de los pueblos.

Incluso, como borregos, muchos intelectuales y comunicadores al servicio de la derecha repetían y consideraban válida la seudo teoría del goteo, según la cual, si les iba muy bien a los de arriba les iría bien a los de abajo. Si llovía fuerte arriba, goteaba abajo; como si la riqueza en sí misma fuese permeable o contagiosa.

Veamos con precisión y objetividad cuál es el saldo de esta política de pillaje llamada neoliberal:

De 1983 a la fecha, se han privatizado más de mil empresas públicas (entre ellas bancos, teléfonos, acero, minas, puertos, aeropuertos, líneas aéreas, ferrocarriles y electricidad).

En los últimos veintiséis años se ha extraído tres veces más petróleo que todo lo producido en 81 años (de 1901, cuando inició la explotación petrolera, hasta 1982). De 1983 a la fecha, la deuda pública creció de 80 mil a 300 mil millones de dólares.


En el periodo neoliberal se ha construido menos infraestructura y obras públicas, es decir se han hecho menos carreteras, hospitales, escuelas, presas, sistemas de riego; se abandonó el campo; se suprimió toda la política de fomento económico; se arruinó al pequeño y al mediano comercio; se ha desmantelado la industria nacional, y estas actividades pasaron casi por completo a manos de extranjeros.


De 1982 a la fecha, el salario mínimo ha perdido el 85 por ciento de su poder adquisitivo, de su poder de compra. En aquel entonces, en 1982, el salario mínimo alcanzaba para comprar 56 kilos de tortilla, hoy sólo permite comprar 5 kilos.

En 1982, del total de la población económicamente activa, 35 por ciento tenía empleo en la economía formal. Hoy sólo tiene ocupación formal 22 por ciento y, según cifras oficiales, 12 millones trabajan en la economía informal, que buscan la vida de esta manera.

En 1982, salieron del país a buscar trabajo al extranjero 210 mil mexicanos; en 2007, el año pasado, tuvieron la necesidad de emigrar 582 mil. En este periodo, mientras las universidades privadas aumentaron seis veces el número de sus estudiantes, las universidades públicas apenas duplicaron su matrícula.

Este ha sido el periodo de mayor concentración de la riqueza en toda la historia de México. Un dato: en 2006, según Forbes y cifras del INEGI, el patrimonio de los 10 mexicanos más ricos era equivalente al ingreso de un año de la mitad de la población de nuestro país. Asimismo, en ese año, el 70 por ciento de las familias mexicanas vivía con ingresos menores a 8 mil pesos mensuales.


Uno de los resultados más lamentables de esta política discriminatoria, es que de 1982 a la fecha, el número de pobres en México pasó de 32 millones a más de 60 millones; es decir, se duplicó.

Aunque cruda, esta es la realidad, que a veces no se quiere aceptar. La espeluznante verdad: en México la riqueza de unos (pocos) se ha edificado con la miseria de otros (muchos).

Por eso sostenemos que para enfrentar la crisis actual, lo primero que tiene que hacerse es cambiar esta política injusta y excluyente, que es la causa principal del empobrecimiento, de la inseguridad y de la violencia.


En otras palabras, debe aplicarse una nueva política que tenga como objetivo central la atención a las necesidades del pueblo y no el lucro y los privilegios de una minoría.


Este debe ser el gran tema del debate nacional. Sobre esta base es que estamos dispuestos a dialogar y a llegar a un acuerdo con otras fuerzas políticas y sectores sociales.


Desde esta plaza pública defino con toda claridad lo siguiente:


Primero, rechazamos la violencia en cualquiera de sus manifestaciones, nuestro movimiento ha sido, es y seguirá siendo pacífico. Aquí abro un paréntesis para condenar una vez más el acto terrorista de Morelia, que causó la muerte de 8 seres humanos y lesionó a más de 100 personas inocentes.


Segundo, es necesario aclarar que no estamos en contra quienes, con esfuerzo, trabajo y de conformidad con la ley, crean riquezas y generan empleos, sino de aquellos que de la noche a la mañana amasan grandes fortunas en la ilegalidad o al amparo del poder público. Estamos en contra de los traficantes de influencias, de los especuladores y de los políticos corruptos, pero estamos a favor, se tiene que saber con mucha claridad, de una iniciativa privada con cultura productiva, con responsabilidad cívica y dimensión social.


Tercero, siempre por encima de nuestros legítimos intereses, personales o de grupo, estará el bienestar del pueblo y de la Nación.


Cuarto, para rescatar al país de la crisis actual, estamos dispuestos a construir un acuerdo con todas las fuerzas políticas y con los representantes de todos los sectores sociales de México, siempre y cuando se convenga cambiar la política económica para apoyar a la mayoría de los mexicanos, y en especial a los pobres y desposeídos de nuestro país.

Y estamos dispuestos a ese acuerdo, si todo nos comprometamos a no permitir la privatización de la industria petrolera en ninguna de sus modalidades.

Quiero explicar a ustedes con mayor detalle por qué es indispensable cambiar la actual política y qué proponemos de manera concreta.


Es innegable que la situación económica del país está en franco deterioro y si no se corrige el rumbo, la situación va a empeorar, y será el pueblo pobre el que resulte más afectado. Aunque todos lo padeceremos, porque en una sociedad siempre el destino de unos, está atado al de otros.

Este año, el crecimiento económico de México es el más bajo de todos los países de América Latina y el Caribe.


En los últimos tiempos ha sido mayor la pérdida de empleos. El salario y los ingresos están resultando insuficientes ante el aumento de precios, ante la carestía. Está creciendo la cartera vencida. Los bancos han reducido sus créditos. Las tiendas departamentales están bajando sus ventas. En estos días, la industria de la construcción no está creciendo.


Por los efectos de la recesión, de la crisis en Estados Unidos, se está reduciendo el monto de las remesas de los trabajadores mexicanos en el extranjero; está cayendo la producción y las exportaciones mexicanas son menores; están bajando los niveles de ocupación en los destinos turísticos de nuestro país, y hay falta de crédito internacional para proyectos de inversión.


No quisiéramos que ocurriera, pero lo más lógico es que con el deterioro de la economía mundial habrá menores flujos de divisas hacia México por concepto de inversión, de crédito y de exportaciones.


Adicionalmente, la caída en la producción del petróleo, ocasionada por su mal manejo, y una probable baja en los precios del petróleo, automáticamente plantea el riesgo del déficit creciente en la balanza de pagos.


Sin considerar las exportaciones de petróleo, el déficit comercial, que significa que estamos comprando más en el extranjero de lo que vendemos afuera, ese déficit en el 2000, fue de 14 mil 149 millones de dólares; en 2007, de 53 mil 92 millones de dólares y, en 2008, según proyecciones, será de 68 mil 374 millones de dólares; es decir, del año pasado a este, crecerá 15 mil millones de dólares.

Y es importante señalar que el 86 por ciento de este incremento en el déficit, se debe a la creciente compra en el extranjero de alimentos y petrolíferos, principalmente gasolinas.

Y todavía así, se han perdido dos años, y el gobierno usurpador se ha negado a construir nuevas refinerías y no ha apoyado a los productores del campo mexicano para lograr la autosuficiencia alimentaria.


Han perdido el tiempo y han perdido la oportunidad que significa los precios altos del petróleo en el mercado internacional y el manejo de excedentes suficientes para haber echado a andar el desarrollo agropecuario, para lograr la autosuficiencia de alimentos y no tener que comprar los alimentos en el extranjero y también para construir las refinerías que hacen falta, para dejar de importar las gasolinas.


Si no nos hubiesen robado la Presidencia de la República, ya estarían por terminar de construirse las tres refinerías que hacen falta en el país.

Pareciera que el gobierno usurpador está esperando una crisis de balanza de pagos para actuar.

No es ningún secreto que un ambiente de turbulencia financiera internacional y de crédito restringido, un déficit podría llevar a que la crisis económica pasara a crisis financiera, con consecuencias negativas para las tasas de interés y el tipo de cambio. Añadir una crisis cambiaria a la crisis que hoy padecemos por falta de crecimiento, empleo y falta de seguridad, tendría efectos muy graves para el bienestar de los mexicanos.


Por esta razón, desde esta plaza pública, proponemos al Congreso, al Poder Legislativo, la aplicación de un plan anticrisis, bajo los siguientes lineamientos:

Consideramos que en materia económica, para enfrentar la crisis y evitar un mayor agravamiento, se debe fortalecer nuestra producción interna para, cuando menos, evitar un mayor desempleo y disminuir el déficit comercial.

Esto lo podemos lograr aumentando la producción para depender menos de las importaciones de gasolinas, diesel, gas natural, alimentos y toda la gama de productos manufacturados que no son competitivos por los altos costos de los energéticos y del crédito.


Los fondos para este plan anticrisis pueden obtenerse si se reduce en 200 mil millones de pesos el gasto superfluo del gobierno. Saben ustedes que en dos años, en 2007 y en 2008, ha crecido el llamado gasto corriente en el gobierno, en 400 mil millones de pesos.


Si se reduce a la mitad, se tendrían 200 mil millones y también se podrían utilizan los otros 200 mil millones de pesos de excedentes que se recibirán este año por precios altos de petróleo.

Con esta bolsa, de 400 mil millones de pesos, se pueden financiar proyectos de alto impacto económico para mejorar el nivel de empleo, la competitividad y enfrentar la crisis social y el clima de inseguridad.


El día 15, por la noche, aquí en el Zócalo, propuse que se llevaran a cabo las siguientes medidas que ahora repito:


1. Que se cancelen los aumentos de precios de la gasolina, el diesel, el gas y la electricidad. Aquí añado que con esto lograremos mejorar la competitividad de la industria; dar alivio a los consumidores y reducir la presión inflacionaria. Cuando sube la gasolina, como está sucediendo, veinte aumentos ha habido, de inmediato se disparan otros aumentos de precios.


2. Que se otorguen becas a todos los estudiantes de preparatoria del país como se hace en el Distrito Federal. Ya es tiempo, es necesario, ver el gasto destinado a la juventud como una inversión social.


3. Que se aumente el presupuesto de las universidades públicas para resolver el problema de miles de jóvenes que son rechazados, con el pretexto de que no pasan el examen de admisión, cuando en realidad lo que sucede es que las universidades públicas no tienen cupo o espacio por falta de presupuesto. Debe repararse el daño que se ha hecho durante 26 con la política neoliberal, que ha dejado a los jóvenes sin oportunidad de trabajo y de estudio, y los ha orillado a emigrar o a tomar el camino de las conductas antisociales.


4. Que se otorgue una pensión alimentaria a todos los adultos mayores del país, equivalente a medio salario mínimo, como se lleva a cabo en el Distrito Federal. Aquí, en el Distrito Federal, los adultos mayores tienen una pensión de casi 800 pesos para alimentos. En el resto del país se da un apoyo a adultos mayores que viven en poblaciones de menos de 20 mil habitantes. Ese apoyo se logró por la gestión de nuestros legisladores del PRD, PT y Convergencia. Pero ese apoyo nada más es de 500 pesos al mes y –repito— para poblaciones de menos de 20 mil habitantes. ¿Qué estamos planteando? Que se homologue a lo que se da en el Distrito Federal. Que si los ancianos del Distrito Federal reciben 800 pesos, que también los ancianos de otros estados de la República reciban lo mismo y que no sea nada más de 20 mil o 25 mil habitantes hacia abajo, sino que sea universal, como se entrega en el Distrito Federal. Y estamos planteando también que este apoyo debe otorgarse desde los 65 años, cuando menos en regiones indígenas y en las zonas de mayor pobreza del campo y de la ciudad.

5. Que se entreguen de inmediato los ahorros de los ex braceros. A lo mejor algunos de ustedes no tienen la información sobre este asunto. Pero en los años cuarenta se suscribió un convenio entre los gobiernos norteamericano y de nuestro país, para que fuesen a trabajar a Estados Unidos mexicanos, braceros. Trabajaron allá y, de conformidad con ese convenio, dejaban el 10 por ciento de su sueldo como ahorro, con el compromiso de que cuando regresaran les iban a entregar esos ahorros. ¿Qué pasó? Regresaron, parece que en efecto se envió el dinero a México, pero aquí desapareció. Para decirlo de manera coloquial se lo clavaron. Y ahí andan los adultos mayores de todo el país solicitando que les entreguen lo que les pertenece, porque no es una ayuda, mucho menos una dádiva, sino que es el dinero que ellos ahorraron con su trabajo. Por eso los legisladores tienen que resolver ya este asunto, de inmediato, porque da mucha tristeza y coraje que muchos de esos adultos ya se están muriendo sin recibir lo que en derecho les corresponde.


6. Que se aumente el presupuesto destinado al campo; que se establezcan precios de garantía y subsidios al fertilizante y a otros insumos. Está subiendo el fertilizante como nunca. ¿Por qué el aumento al fertilizante de más de 200 por ciento en 19 meses? Porque se tiene que comprar ahora el fertilizante en el extranjero, porque en la época de Salinas tomaron la decisión de privatizar Fertimex. Todavía, hasta 1992 se producían los fertilizantes que necesitábamos en el país y hasta se vendía fertilizante al extranjero. Ahora tenemos que comprar los fertilizantes en el extranjero. Por eso la importancia de atender el problema del déficit. El año pasado se tuvieron que comprar mil 200 millones de dólares de fertilizantes en el extranjero y este año será una cantidad mayor. Y ¿qué está pasando? Hay regiones en el país en donde los campesinos ya no pueden cultivar la tierra, porque no tienen para el abono. Por eso es urgente el subsidio al fertilizante y a otros insumos y que además se fijen precios de garantía, para que el productor vea compensado su esfuerzo y no como ahora, en donde el productor tiene que vender barato lo que produce y vender caro todo lo que necesita. Con ello se pueden reducir las importaciones de alimentos, evitar más aumentos a los precios de los alimentos básicos, mejorar la economía de campesinos y productores y también atemperar el fenómeno migratorio. Si se atiende el campo, si se rescata al campo, se dan opciones a muchos que se ven obligados, sobre todo jóvenes, a abandonar sus comunidades por falta de trabajo.

7. Que se construyan las tres refinerías que se necesitan en el país para dejar de comprar gasolinas en el extranjero. Con esta decisión se reducirían las importaciones de gasolina, que ya se acercan al 50 por ciento de lo que consumimos. Con esta decisión de empezar a construir las refinerías, se daría valor agregado a la materia prima, al petróleo crudo, se generarían empleos y se ahorrarían divisas. No tendríamos que estar comprando la gasolina afuera.

8. Que se cancele la llamada Alianza Educativa, y en particular, que no se permita el cierre de las escuelas normales y se otorguen plazas a todos sus egresados. Más escuelas, porque eso es lo que va al final a evitar que haya más cárceles, se tiene que atender la educación, que es fundamental.

9. Que se lleve a cabo un programa de construcción de obras públicas para reactivar la economía y generar empleos; de manera particular, que se atienda la falta de servicios públicos y de vivienda, en beneficio de la gente pobre de los centros urbanos y de las ciudades fronterizas.

10. Que renuncien de inmediato los secretarios de Gobernación y de Seguridad Pública y el procurador general de la República, por carecer de integridad y ser ineficaces en el combate a la inseguridad y a la violencia.


Adicionalmente –repito— nosotros estaríamos dispuestos a llegar a un acuerdo con nuestros adversarios, si además se hace el compromiso de retirar en definitiva las iniciativas de privatización de Pemex y si a cambio de ello, se apoya el Programa de Acción Inmediata para el Fortalecimiento de Pemex, que ha sido elaborado por un grupo muy diverso de personas de diferentes ideologías, militantes de varios partidos y otros que no militan en ninguno.

Este programa, según los técnicos, los expertos y los intelectuales, atiende la urgencia de rescatar a Pemex de la postración en que lo han sumido las políticas de los últimos gobiernos.


Con este programa se asignarán mayores recursos a Pemex para que los destine a actividades que se han rezagado: la exploración, la refinación, la conservación y el mantenimiento de equipos y plantas, la petroquímica, los ductos, el almacenamiento y la investigación y desarrollo.


Con este programa, sin ninguna reforma legal y mucho menos violando el espíritu y la letra de la Constitución, se demuestra que existen recursos suficientes para garantizar el sano crecimiento y diversificación de las actividades de Pemex y para comenzar a fortalecer su infraestructura e iniciar nuevas plantas de refinación e instalaciones de transporte y almacenamiento.

Se demuestra, de manera muy clara con este programa, que no se requiere invitar a inversionistas del exterior para fortalecer a Pemex.


Amigas y amigos:


Si se aplica todo lo aquí expresado, se puede frenar la crisis, enfrentar la incertidumbre y crear un ambiente de seguridad, de aliento y de esperanza al pueblo de México.


Si aceptan estas propuestas, los legisladores de todos los partidos y los representantes de sectores sociales, vamos al acuerdo para salvar al país y proteger a nuestro pueblo.


Este acuerdo podría llevarse a cabo en el Poder Legislativo, donde están representadas todas las fuerzas políticas del país y desde ese sitio, desde el Congreso, podría convocarse al resto de la sociedad.


Además, la Cámara de Diputados tiene la facultad exclusiva de aprobar el presupuesto y la mayor parte de nuestras propuestas, dependen de una nueva orientación del gasto público.

En pocas palabras, se necesita que el destinatario del presupuesto sea el pueblo y no los potentados y la alta burocracia.


En consecuencia, voy a solicitar y lo hago desde este momento, de manera respetuosa, a los legisladores del Frente Amplio Progresista, a Alberto Anaya, a Dante Delgado, a Javier González y a todos los legisladores, que presenten a sus homólogos de otros partidos este plan anticrisis.

Claro está, se trata de algo serio, que exige voluntad, compromisos y responsabilidad de todos. También es obvio que no aceptaremos ni la simulación ni el engaño.


Si nuestros adversarios optan por seguir haciendo la política de siempre, esa donde sólo cuentan los intereses de una minoría y no las demandas y aspiraciones del pueblo, de una vez les decimos, que sigan su camino, que nosotros vamos a continuar ejerciendo el legítimo derecho de hacer una nueva política, para construir una República más justa, más humana y más igualitaria.

Por eso también aprovecho esta reunión para pedirles a ustedes, que son el alma y el motor de este movimiento, que sigamos trabajando en defensa del pueblo, de los bienes nacionales y de la transformación del país.


De manera particular, les pido que estemos atentos a cualquier llamado, estamos presentando una propuesta, pero de todas formas estemos muy atentos a cualquier llamado, porque si Calderón y las cúpulas del PRI y del PAN insisten en aprobar un dictamen que privatice la industria petrolera, vamos a movilizarnos, habrá resistencia civil pacífica.

Y estemos pendientes, porque podemos hacer ese llamado unos cuantos días antes, porque no sabemos cómo van a actuar estos legisladores, a lo mejor ya en casas particulares, en hoteles y en lo oscurito ya se están poniendo de acuerdo, para elaborar un dictamen y querer dar un albazo. Entonces, muy pendientes a cualquier llamado.


Como dice la canción, esta canción que se escucha tanto, La cumbia del petróleo: “Somos millones de gentes/ es el clamor popular/ más vale que no lo intenten/, no se va a privatizar”.


Y como aquí lo dijo Javier González, no habrá multa o sanción que nos impida ejercer el derecho constitucional de manifestación. Sabemos bien, así nos lo enseñan nuestros héroes, así lo enseña la historia, la libertad y la justicia no se imploran, se conquistan.


Vamos a ejercer siempre nuestro derecho a la libre manifestación, de manera pacífica, sin caer en la trampa de la violencia, sin caer en ninguna provocación.

Amigas y amigos:

Desde esta plaza pública exigimos que se atienda el grave problema de contaminación del Río Santiago que afecta a los habitantes de los municipios de Juanacatlán y El Salto, en Jalisco, donde está en peligro la salud de la gente, e inclusive perdió la vida recientemente un niño por la terrible contaminación de las aguas.


También reiteramos nuestro rechazo al basurero de residuos tóxicos de una empresa española en Zimapán, Hidalgo.


Rechazamos también la destrucción del cerro de San Pedro, por la minera canadiense San Xavier, en San Luis Potosí, y la devastación en Huizopa, Chihuahua, por otra minera canadiense.

También expresamos nuestro apoyo a las luchas en defensa del agua, los bosques y el medio ambiente.


Nuestra solidaridad con los trabajadores y maestros que luchan en contra de las reformas a la Ley del ISSSTE y de la llamada Alianza Educativa.


Exigimos la libertad de los presos políticos de Atenco y de todos los luchadores sociales que se encuentran privados de su libertad, por la defensa de causas populares.

En cuatro días se cumplen 40 años del movimiento estudiantil y popular de 1968. Desde esta plaza queremos rendir un sincero homenaje a esos jóvenes que abrieron los cauces democráticos en nuestro país. En lo poco de democracia que tenemos, mucho se lo debemos a esos jóvenes.

Cuarenta años después, como ellos, seguimos luchando por la justicia, la democracia y la libertad.

También nuestra solidaridad con los mexicanos que están siendo maltratados, porque hay redadas y están deportando de Estados Unidos a muchos compatriotas. Que cuenten siempre con nuestro apoyo ante estas medidas injustas del gobierno de ese país.


Amigas y amigos:


Aquí repito lo fundamental: Mantengamos la convicción de que en el camino hacia la construcción de una nueva República tenemos que ir creando, y eso es lo que estimo más importante, una nueva corriente de pensamiento que se arraigue y permanezca en la conciencia del pueblo.

Una nueva corriente de pensamiento que reconozca y exalte la cultura y la inmensa bondad que hay en nuestro pueblo.


Una nueva corriente de pensamiento que haga surgir una voluntad colectiva para impedir que en la política y en la vida pública predominen el engaño, la intolerancia, la corrupción y el afán de lucro, en vez de la verdad, la diversidad, los valores morales y el amor al prójimo.

Una nueva corriente de pensamiento para evitar que el dinero triunfe sobre la dignidad y el ser humano valga, no porque lo que tiene materialmente hablando, sino por su trabajo, rectitud y sobre todo por su generosidad.

Sigamos luchando con la moral en alto, sabedores que la verdadera felicidad se alcanza cuando se está bien con uno mismo, con nuestras conciencias y cuando se está bien con nuestros semejantes, con el prójimo.


¡Viva el movimiento estudiantil y popular de 1968!

¡Viva el Movimiento en Defensa del Petróleo!

Vivan los hombres y mujeres libres y concientes!

¡Viva nuestro movimiento!

¡Viva México!

¡Viva México!

¡Viva México!

martes, 19 de febrero de 2008

Reforma energética; medias verdades

Medias verdades*

Francisco Rojas

19 de febrero de 2008

El bombardeo mediático a la sociedad sobre la reforma energética produce desinformación, confusiones semánticas y fervorosas proclamas sobre no modificar la Constitución, no privatizar Pemex y no vender ningún fierro, que sirven para adormecer conciencias y generar repeticiones, posiblemente de buena fe, de argumentaciones falaces, distorsionadoras de la verdad.

Convicciones ideológicas, compromisos políticos o intereses económicos se conjugan para ocultar la trama y evitar que se discutan abiertamente argumentos a favor o en contra de una reforma que rescate a Pemex, supere los problemas y preserve la soberanía energética y el disfrute de los recursos para las próximas generaciones.

Basten algunos ejemplos: existe consenso en que el fisco privilegió la producción y exportación de crudo debilitando la refinación y que ahora importamos gasolinas en vez de procesarlo internamente para generar empleo y valor agregado; pero algunos proponen que lo refinen extranjeros sin que expongan argumentos sobre por qué Pemex no debe hacerlo, cuando existen recursos y experiencia, y la tecnología no llega al 1% del valor de una refinería.

Se dice, con razón, que el transporte por pipas es más caro que por ductos; pero se oculta que únicamente 3% del volumen de productos se mueve por pipas y que para Pemex no es ningún problema construir o conservar ductos y terminales, si le dieran recursos suficientes.

Se dice que la terminal de Tuxpan es insuficiente y que se pone en peligro el abastecimiento de combustibles al valle de México, obligando a utilizar pipas; pero no se informa que todo el combustible que se importa se mueve por ductos, que las demoras por mal tiempo únicamente costaron 50 millones de pesos en 2005 y 60 millones de pesos en 2006; y que existe ya un proyecto que resolvería toda la problemática hasta 2030, que costaría 370 millones de dólares y que se encuentra detenido.

Tampoco se informa que un grupo de inversionistas privados desea construir frente a las instalaciones de dicha terminal un muelle y una tanquería para importar combustibles, que luego le venderían a Pemex o a particulares, si es que se modifica la legislación.

No se aclara que concesionar ductos, terminales o refinerías es iniciar la enajenación gratuita de nuestro mercado interno de combustibles que valdría alrededor de 75 mil millones de dólares, perdiendo además soberanía, cosa que ningún país estaría dispuesto a hacer.

Se dice que en aguas profundas del golfo de México existen 29 mil millones de reservas prospectivas; pero no se aclara que, según la Sener, los recursos prospectivos se definen como “la cantidad de hidrocarburos estimada a una fecha dada, de acumulaciones que todavía no se descubren pero que han sido inferidas, y que se estiman potencialmente recuperables, basado en información geológica y geofísica del área en estudio y en analogías con otras áreas donde un cierto volumen original de hidrocarburos ha sido descubierto”.

Tampoco se dice que, conforme a dicha definición, en el sureste existen 18 mil millones de reservas en aguas someras y en tierra, donde ya existen instalaciones, se domina la técnica, los tiempos de desarrollo serían menores, y los costos y riesgos serían un tercio de los de aguas profundas.

Se oculta que Petrobras desarrolló paulatinamente durante 30 años su experiencia en explotaciones en aguas ultraprofundas, posiblemente porque no encontró hidrocarburos en aguas someras como México.

No se difunde que la tecnología para aguas profundas la ofrecen compañías que se anuncian en internet y publicaciones especializadas y que está disponible sin necesidad de alianzas estratégicas, ni compartir riesgos o reservas.

Se esgrime como argumento, para apurar el desarrollo de aguas profundas, que en los yacimientos transfronterizos se puede presentar el efecto popote; pero no se dice que estos yacimientos son casos especiales que requieren de acuerdos internacionales para extender la moratoria o explotarlos conjuntamente, sin que puedan replicarse para otros fines; desde hace siete años no se ha hecho nada. ¿Qué esperarán?

Se propaga que únicamente tenemos reservas para 10 años y que nos convertiremos en importadores netos de petróleo; pero no se dice que podemos impulsar reservas probadas no desarrolladas y acelerar la explotación de las reservas probables, con lo que en un plazo razonable duplicaríamos las reservas actuales, programando simultáneamente nuevas exploraciones y el desarrollo paulatino de aguas profundas.

¿Se deberá la desinformación a un plan para sensibilizar a la sociedad, desmembrar a Pemex y ocultar los cónclaves donde se elaboran propuestas e iniciativas, para sorprendernos después del 18 de marzo, aprobando fast track modificaciones a leyes secundarias que posibiliten la apertura a la participación privada extranjera en Pemex?

Analista político

*Tomado de El Universal. México

lunes, 18 de febrero de 2008

La batalla de Pemex

Víctor Flores Olea

15 de febrero de 2008

Está en su punto más alto la discusión sobre el estatus del petróleo en México: aquellos que consideran necesario abrir la puerta ancha al capital privado para que Pemex se sostenga, renueve y desarrolle, y aquellos que sostienen que Pemex cuenta ya con los recursos necesarios para realizar plenamente sus funciones presentes y futuras y, entonces, que no debe perder su situación de empresa pública nacional, eso sí, bajo otros supuestos de existencia. El primero sería que no sea literalmente esquilmada por el fisco, al cual está obligada a entregar más de 80% de sus ingresos.

La cuestión se ha convertido en tema de un rudo debate nacional porque los “privatizadores” de Pemex desearían que el país se ajustara plenamente a los intereses de los grandes consorcios y aparatos financieros del mundo globalizado, que han convertido a nuestra sociedad, y a la de todas partes, en un campo en el que sólo cuenta el modo de comprar y vender, deshumanizándola y haciéndola pasto exclusivo de intereses y utilidades. El mundo como lonja y feria en que nada cuenta sino el lucro y el provecho.

La discusión se ha redoblado porque México tiene además ya la experiencia perversa de otras “privatizaciones”, como la de la banca, para no ir más lejos, que comienza siendo para nacionales y termina extranjerizándose. Y lo que es peor: con pésimos servicios y a costos mucho más caros que cuando estaba en manos de la nación.

La reacción en contra de los “privatizadores” ha sido áspera porque su propósito final ha sido además burdamente manipulado. En México, los aparatos publicitarios, en confabulación evidente con los intereses privados nacionales e internacionales, han concertado una campaña montada sobre falsedades y desinformación que se repite sin cesar. La principal mentira: no se trata de “privatizar” sino de otorgarle a Pemex nuevos recursos, privados evidentemente, necesarios para su función.

La mentira de la campaña salta a la vista porque es claro que Pemex cuenta con ingresos suficientes para cumplir con sus fines de desarrollo; siendo también claro que desde hace dos o tres décadas se despoja a Pemex de su patrimonio, como si se hubiera programado con anticipación llevarla a una crisis que haga creíble el argumento de su “privatización” (aunque se disfrace el hecho con otros términos). La principal mentira de la campaña ha sido la de ocultar la “privatización” real que se persigue, en vista de que Pemex ha sido durante décadas el símbolo más eficaz no sólo de la unidad nacional-popular de los mexicanos, sino la marca misma de la existencia de la nación como viable y soberana.

La película, como algunos han dicho, es bien conocida porque ha sido ya ensayada en otros campos y países, incluso en México con los ferrocarriles: hacer quebrar a las empresas nacionales para malbaratarlas al mejor postor, casi sin excepción consorcios extranjeros.

Pero además la batalla de Pemex ha servido para desnudar al gobierno de Felipe Calderón, y para hacer evidente su dócil subordinación a intereses económicos de dentro y fuera. Desnudar su idea matriz de que la salud de la nación vendrá del capital, de aquí y allá, y no de la vida esperanzada de una nación integrada por mexicanos con futuro. El drama es que su destino personal no es sólo subjetivo sino que puede ser el drama de la nación entera. La calamidad es que la mayoría de los mexicanos está convencida de que su principal objetivo al ocupar tan discutidamente la silla del jefe del Ejecutivo es precisamente desnacionalizar los energéticos del país, y en primer lugar Pemex.

Pudiera ser que no necesariamente se privatice en la forma Pemex, pero sí se privatizarán sus ganancias, que hoy son enormes en vista de los precios internacionales del petróleo. Los inmensos ingresos de Pemex que actualmente van a las arcas del gobierno, y que no se han utilizado seriamente para el desarrollo del país, irían a los bolsillos de los privados, de dentro y fuera, a los que se encargaría la gestión de la empresa. Pero sabemos bien que con el actual saqueo no hay empresa que resista: por eso decimos que se ha montado un escenario antinacional, antimexicano y antisoberanía en que el fracaso de Pemex exige su desnacionalización y privatización.

Ya se opina que para evitar ese atentado es necesaria la movilización popular y la presión unida de los mexicanos.

Lo que no han visto Felipe Calderón y asociados es que la operación que traen entre manos induciría a una explosión social de magnitud incalculable. Y a una situación política insostenible, más sumada a los problemas de injusticia social y económica que definen al país. La tumba histórica de Fox fue su intento de desafuero y su abierta intervención en la última elección. La de Felipe Calderón sería este intento, disfrazado o no, de privatizar Pemex y los energéticos. Lo que está en juego es la posibilidad misma de México como país independiente y soberano: la existencia misma de la nación.

Escritor y analista político

lunes, 19 de noviembre de 2007

Llamado a la Nación mexicana

Por: Paz con democracia


1. El momento histórico que vivimos

1°. México ha vivido y está viviendo un proceso de ocupación integral, a la vez abierto y silencioso, que muchas organizaciones políticas y grupos de la sociedad civil –entre ellas Paz con Democracia— han estado denunciando desde hace décadas, estructurado mediante reformas a la Constitución y a través de disposiciones de hecho. Estas políticas y transformaciones aplicadas sin un examen público informado –legalizadas o fuera de la ley –, impuestas por los gobernantes, al profundizar y extender la ocupación, han refuncionalizado nuestra nación al proyecto “globalizador” y hegemónico del “imperialismo colectivo” que hoy domina una inmensa región del mundo, encabezado por Estados Unidos de América.

2º. El proyecto neoliberal de los sucesivos gobiernos mexicanos sigue todos los lineamientos del llamado “Consenso de Washington”, que es el consenso de “los que mandan”. Han logrado convertir a México en una zona transnacionalizada, dependiente y excluyente, en la que legitiman y legalizan el despojo comercial o forzado. Los distintos gobiernos y grandes empresarios, unos cuantos multimillonarios, grandes accionistas de las megaempresas transnacionales, encabezadas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, sus subordinados y asociados, se han beneficiado enormemente, a costa de la inmensa mayoría de la población. En dichas instituciones, supuestamente mundiales, el poder de decisión lo tiene el gobierno de Estados Unidos. Este ha contado además con la unión de intereses de grandes potencias, como Inglaterra, Europa y Japón. Dispone asimismo de la colaboración de redes internas e internacionales de otras empresas y gobiernos, todos ellos articulados a organizaciones informales, como mafias y raqueteros políticos que actúan como operadores contratados, sicarios, e incluso como fuerzas paramilitares. La inmensa mayoría de la llamada “clase política”, de “los medios”, así como de otros dependientes y socios, incluso de los más bajos estratos sociales, han hecho del apoyo al proyecto “globalizador” su modo de vida, para obtener privilegios y pagos por sus servicios. Y si no pocos obran con cinismo y picardía, existen también quienes se engañan y acaban convenciéndose de que su trabajo en apoyo de neoliberales y señores mafiosos es para bien de su alma y de su país.

3°. Este proceso de ocupación integral, “transnacional” o “globalizadora” –de gran parte del mundo y de México— ha ocurrido en gran medida ya; pero tiene el proyecto de extenderse y profundizarse aún más, y hacer que todos los sectores y las ramas del Estado, la economía, la cultura y la sociedad mexicana formen parte del inmenso complejo dominado por el imperialismo. Los impactos directos e indirectos, abiertos y encubiertos de las redes actuales del imperialismo han comprobado –para quien quiera verlos y oírlos, y no tema reconocerlos— las grandes mentiras del neoliberalismo sobre la “economía de libre mercado”, sobre “los progresos y el desarrollo de la nación mexicana”, y sobre tantas otras “bondades neoliberales” que nos empobrecen y someten cada vez más. Hoy mismo, en medio de todos los desastres y desenfrenos que sufrimos, hay voceros que defienden con fingidas razones la privatización y desnacionalización de todo México. En realidad esos voceros de las fuerzas que dominan gran parte del mundo y del país, mienten incluso cuando llegan a aceptar los efectos perversos de sus políticas. Para seguir ocultándolos, unos a otros se echan la culpa y siguen aplicando, extendiendo y profundizando las mismas políticas que llevan a la miseria creciente de las mayorías, y al coloniaje informal e integral del país, acusando a los gobiernos más débiles o a los anteriores al suyo de no haber logrado las metas que ellos se proponen y que afirman estar fundadas en una presuntuosa ciencia de punta. Con distintos modos de engañar, buscan justificar o legalizar la continuación de las políticas neoliberales de ocupación y saqueo.

4º. Este proceso de ocupación neoliberal ha provocado también una degradación profunda de la política y un vaciamiento de la democracia representativa, con la correspondiente crisis, descrédito y corrupción de los partidos, incluyendo a los de la llamada izquierda institucionalizada, que devienen útiles y funcionales al capital. Asimismo, el neoliberalismo fortalece sus funciones e instituciones represivas, transformándolas en garantes de la estabilidad social y del control autoritario de la fuerza de trabajo, la ciudadanía organizada y la sociedad civil. El fin esencial del actual Estado nacional de competencia es hacer rentable al país en el mercado neoliberal y optimizar las condiciones nacionales de rentabilidad del capital trasnacionalizado. Para ello lleva a cabo una permanente intervención económica, social, política, ideológica, cultural y militar, y, si es necesario, una guerra social interna para facilitar la penetración y explotación trasnacional.

5º. Mientras todo eso ocurre, criminalizan las protestas sociales, violan gravemente los derechos humanos, disimulan la impunidad, “aplican el derecho” a su arbitrio e incluso lo invocan para actos claramente violatorios de la Constitución y de las leyes de la República, y van introduciendo lentamente en nuestro marco jurídico un “derecho de excepción”. Por un lado le piden al pueblo mexicano que “obre conforme a derecho”, y por otro actúan violando sistemáticamente las leyes y la Constitución, pretendiendo además legalizar la arbitrariedad. Así, con ese doble rasero quieren esconder la violación o desestructuración permanente del derecho público y privado, civil y penal, y sobre todo del derecho Constitucional.

6º. Y como si todo estuviera orquestado, pasan de sus conceptos de “gobernabilidad democrática” a los de “gobernanza”. En nombre de la “seguridad nacional” —al estilo de la administración Bush— desatan una fingida guerra contra el terrorismo, en la que tal vez a diferencia de aquél, utilizan al Ejército, provocando relaciones de odio mutuo entre éste y el pueblo, mientras alientan con sus políticas públicas y privadas la corrupción de los partidos, los Poderes de la Unión y de cuanto líder grande o pequeño se preste a ser asimilado.

7º. Con tamañas medidas, ellos mismos están conscientes que han llevado al país a una crisis de las instituciones y a la liquidación de una gobernabilidad mínimamente democrática. Pero están listos a dar los pasos necesarios para tomar las medidas político-militares contra la ciudadanía insumisa y contra los pueblos indígenas autónomos que defienden sus recursos, territorios y tierras, su cultura, vida y dignidad.

8º. Este proceso de ocupación integral se ha realizado con dos armas tradicionales: la represión y la cooptación, el autoritarismo exacerbado de Estado y la asimilación, asociación y corrupción. Esta doble política busca hoy como ayer que los propios mexicanos se atemoricen o se vuelvan cómplices y socios menores de la pérdida y sometimiento de nuestro país. Se aplica así de nuevo la política que un presidente de Estados Unidos llamó “de la zanahoria y el garrote”. El objetivo de la misma consiste, simultáneamente, en sembrar el miedo y en comprar al temeroso, sumándolo o sometiéndolo a los líderes-socios y a las fuerzas de apoyo social, cultural, político, militar, para-militar y económico del sistema. Esa política se aplica hasta en los estratos más bajos y miserables de la sociedad, con más miedo y menos pago.

9°. El proceso de ocupación integral de México, sus consecuencias y peligros, se advierte en prácticamente todas las medidas que las fuerzas dominantes han venido tomando desde los años ochenta, con base en un proyecto de represión-negociación, en el que los acuerdos se logran con la lógica pragmática de los oportunistas: “ganar algo hoy, aunque se esté más sujeto, corrompido y amolado mañana”; y aunque “mañana” los “gringos” y sus aliados ocupen mayores, más y mejores posiciones, fuerzas, empresas y poder. Hecho que se vuelve evidente a nivel mundial desde el 2005, año en el que el gran capital y el imperialismo colectivo encabezados por Estados Unidos han decidido aplicar (siempre que la correlación de fuerzas lo aconseje) la nueva “política de concesión cero” a los movimientos de pueblos indígenas, ciudadanos y trabajadores que exijan el cumplimiento de los derechos humanos integrales, individuales y colectivos, civiles y políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, nacionales, étnicos y de género, alcanzados en luchas anteriores.

10º. La persecución tiene en la mira a los insumisos que insistan en la realización de un proyecto pacífico y legal que les permita satisfacer los intereses generales y el bien de todos, y acabar con el proyecto neoliberal que nos esclaviza y coloniza, y que corresponde a una nueva política de conquista integral y de “desarrollo del subdesarrollo”, de destrucción de nuestro patrimonio natural, cultural, científico, artístico y comunitario, así como de menoscabo de las infraestructuras encaminadas a la solución de los problemas sociales y nacionales, propios del interés general y del bien común en México y el Mundo.

11°. A contracorriente de la propaganda neoliberal, la nación sigue siendo el espacio de nuestras luchas de resistencia, y la base estratégica de nuestra articulación con las resistencias de las naciones y los pueblos del mundo entero al capitalismo. La disputa por la nación pasa por la defensa de sus recursos naturales y estratégicos, por la lucha contra la ocupación neoliberal de nuestros países. La resistencia patriótica es fundamento de las transformaciones democráticas y sociales de largo aliento, que nuestro país requiere urgentemente.

12°. Próximos a celebrarse el Bicentenario del inicio de la Guerra de Independencia y el Centenario de la Revolución Mexicana, los objetivos de construir una nación libre, soberana y pluricultural y de garantizar la justicia social, han sido traicionados y continúan siendo un pendiente histórico. Peor aún, la creciente integración a Estados Unidos, la subordinación a los intereses de las potencias y las grandes corporaciones, la aplicación de las políticas neoliberales que destruyen las conquistas sociales históricas, y hoy la amenaza de imponernos un Plan México o la “Iniciativa Mérida”, han venido alejando aquellos objetivos por los que tantos cientos de miles de mexicanos sacrificaron su vida.

Las dimensiones de la ocupación

2. Cómo ocurre el proceso de ocupación integral

13° El territorio mexicano encierra enormes riquezas materiales y culturales. Es una tierra con grandes reservas de agua y un amplio espectro de minerales, que van del oro al uranio y de los inorgánicos a los apreciados hidrocarburos. Con 2,7 millones de km2 de mar patrimonial y 9 mil 330 kilómetros de costas, generalmente de aguas tibias, circundadas por arrecifes coralinos y pobladas por especies marinas muy variadas y valiosas, cuenta con un suelo fértil que dio origen al maíz -amenazado hoy por la revolución verde, los transgénicos y el TLCAN-, así como con cientos o miles de especies más igualmente en peligro y muchas ni siquiera identificadas por la ciencia, que hacen de México un área de megadiversidad.

14°. Al TLCAN, megaproyecto que aceleró el proceso de ocupación contemporáneo, mediante la desregulación del patrimonio nacional, la extranjerización total de la planta productiva y la mercantilización del campo (la Madre tierra), se siguió el Plan Puebla Panamá, proyecto de infraestructura para la integración territorial, energética, biológica y maquiladora, con el fin de resolver el déficit energético de Estados Unidos, trasladar el problema de la migración y los trabajos precarios hacia el sur —creando así una nueva frontera de la conflictiva socioeconómica—, y para dejar en manos del Banco Mundial, Conservación Internacional y otros organismos similares la invaluable riqueza biológica del Corredor Mesoamericano, que es pieza central de comunicación y canal de alimentación y enriquecimiento entre las selvas húmedas del norte de Chiapas (muy particularmente la Lacandona) y del sur del Continente (la cuenca amazónica).

15°. Estos megaproyectos, atravesados por el del corredor del Istmo de Tehuantepec, son acompañados hoy por otros de naturaleza distinta: los megaproyectos de seguridad, que comprometen ya no sólo la soberanía alimentaria o económica de México, sino íntegramente su soberanía como nación. La Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN), que no es ni tratado ni acuerdo, para eludir la sanción de la sociedad, pone en riesgo la vigilancia de nuestras fronteras, y desde allí nuestra seguridad interior, así como la independencia de las fuerzas de seguridad de México, por una supuesta amenaza del terrorismo. Los cuerpos de seguridad de Estados Unidos, en cambio, tienen la facultad de actuar para garantizar la seguridad de la región completa, con atribuciones en suelo mexicano, que son, por decir lo menos, inconstitucionales. Curiosamente, se agregan a la ASPAN, la integración energética (el saqueo de nuestros hidrocarburos), tan delicada por el valor material y simbólico del petróleo en México, y el libre tránsito de especies (biopiratería legalizada).

16°. Como si fuera insuficiente, en la actualidad se refuerza la ASPAN con un Plan copiado de la triste y desastrosa experiencia colombiana, la denominada “Iniciativa Mérida”, que aportará recursos estadounidenses para el combate al narcotráfico en México, pero que serán, como los créditos atados, otorgados en especie y acompañados de las instrucciones de uso y de los instructores estadounidenses. El Plan México y las políticas de “inteligencia” y “seguridad” que se están poniendo en marcha son una amenaza a la sociedad mexicana. Se trata de romper tejidos comunitarios, crear una cultura de la delación y sospecha, y de convertirnos a todos en potenciales delincuentes a juicio de algunas altas autoridades que nadie controla, que no tienen sanción social, y que obedecen las directivas del Comando Norte de Estados Unidos.

17°. Saqueo económico hasta la última gota de petróleo, hasta el último grano de maíz criollo, hasta el último código genético, provenga de planta, animal o ser humano; este es el escenario que se construye con los megaproyectos económicos, y que se garantiza con los megaproyectos de seguridad. Disciplinamiento social, fragmentación, represión directa, selectiva, masiva, mediática, subliminal, simbólica, hasta convencernos de que aislados, solos y encerrados es como podemos construir nuestra felicidad. Disuadirnos de actuar, atemorizarnos, des-sujetizarnos, es el propósito. Colocarnos en la situación de sospechosos, mediante el mecanismo “tolerancia cero”, el operativo desmovilizador. La disolución de la nación mexicana, el objetivo estratégico, y convertirnos en “estrella” de Estados Unidos de Norteamérica, el “mejor futuro posible”.

3. La dimensión económica. Integración subordinada total

18°. La economía mexicana se encuentra hoy mucho más integrada a un proceso que inicia y termina fuera del país. Constituye una pieza intermedia de un rompecabezas que se arma y se decide en el extranjero y de acuerdo con una lógica ajena a las necesidades y voluntades internas. El mercado interno es alimentado por bienes importados y la producción interna nutre las cadenas mundiales. Esto es signo de una pérdida de autosuficiencia y, por tanto, de una vulnerabilidad económica acrecentada. La incorporación al mercado mundial, en la mayoría de los casos es a través de las filiales de empresas extranjeras que operan en el país, y, cuando no, sirve solamente para elevar la jerarquía de nuestros supermillonarios en las listas de Forbes, nunca para fortalecer la capacidad de autorreproducción y autodeterminación de la nación mexicana.

19°. La política económica, en un país que depende del exterior, se orienta total y casi indiscriminadamente hacia la obtención de divisas. Entregar los recursos petroleros, gasíferos, agrícolas, mineros o cualquier otro, generando incluso desabastecimiento interno, se justifica por la obtención de esas divisas que, inexplicablemente, en vez de aplicarse al bienestar nacional, se acumulan en las bóvedas del Banco de México o se fugan bajo la forma de ganancias o de abonos a la eterna deuda externa. Exportar jóvenes en condiciones de alto riesgo para obtener remesas; exportar petróleo, depredando el ambiente natural y social, y vaciando aceleradamente los yacimientos; exportar trabajo, realizado sin protección ni derechos, con salarios diez veces menores que los del resto de América del Norte y con jornadas de trabajo abusivas, maquilando productos de los que no podemos hacer uso, porque son sólo una pequeña pieza de un proceso ajeno: éstos son los pilares de la economía y las finanzas del país.

20°. El campo ha sido depredado: los campesinos han quedado sin créditos y con tierras que se van reduciendo y desgastando, acosados por los empresarios del agrobussines y por la necesidad de explotar exhaustivamente sus parcelas, sin permitirles descanso. Se ha perdido capacidad de autosuficiencia y, simultáneamente, competitividad. Los subsidios al campo se destinan a los grandes empresarios, en vez de apoyar la producción campesina, que es la que más conserva las especies criollas. Primero la revolución verde y hoy la importación de granos de baja calidad, pero bajo precio, y la introducción de transgénicos, han acabado con el cuerno de la abundancia y diversidad del que nos enorgullecíamos todavía en los años sesenta del siglo pasado1. El debilitamiento de nuestra autosuficiencia alimentaria tiene en enero de 2008 una fecha fatal: en virtud del cumplimiento del TLC, los granos básicos (maíz, frijol) quedarán, desde ese momento, absolutamente desprotegidos. Serán arrasados por la falta de créditos o subsidios, por los precios o por los cultivos transgénicos, si los campesinos, que están acentuando sus protestas, no son apoyados por la sociedad en su conjunto.

21°. La deuda externa, de 42 mil 604.3 millones de dólares2, motor original de la conquista financiera que imponía créditos atados al modelo productivo del exterior, y hacía depender cada vez más a los países endeudados de los grandes prestamistas y de sus tasas variables, se acompaña hoy de una abultada deuda interna de un billón 498 mil 608.3 millones de pesos3, construida con dudosos mecanismos, entre los que destaca el rescate bancario. Podría afirmarse que las deudas interna y externa conforman un mismo paquete que, subdividido, crea la falsa ilusión de estarse liberando de la sujeción externa, pero que, con la extranjerización del sistema financiero, mantiene las finanzas del país, y en general la política económica, sometida a las disposiciones de los organismos acreedores externos, del FMI y del Banco Mundial. Con la creciente deuda externa se impuso un nuevo tributo colonial al pueblo de México. Paradójicamente, esta deuda crece al mismo tiempo que se empieza a entregar el petróleo al exterior (por inversiones en el sector). Esto es, se abren simultáneamente dos canales de extracción de nuestras riquezas que, en una espiral maligna, van secando los pozos del patrimonio nacional.

22°. La política monetaria, que debería responder a las necesidades internas de ajuste, es prisionera del Banco Mundial y del FMI, desde el momento en que se decretó la autonomía del Banco Central. El gobierno mexicano pierde el control de las políticas monetarias y se refuerza así la aplicación de un proyecto colonizador, empobrecedor, excluyente y desnacionalizador. Con la política de endeudamiento externo-interno, y con la política que determina el valor del peso como divisa, los grandes monopolios y sus complejos militares-empresariales pueden extender su fuerza, aumentar sus utilidades y propiedades a discreción.

23°. Ante una situación de abastecimiento del mercado interno por importaciones, de un sector productivo en parte precarizado y casi totalmente orientado a la exportación, con base en el abaratamiento de salarios; con un turismo de enclave y con una industria extractiva saqueada, así como con un sector social desmantelado, las actividades que dinamizan el empleo, y en las que se refugian los mexicanos que no emigran, son cada vez más el narcotráfico, las actividades ilícitas y deleznables, como la pornografía y la pederastia, y los cuerpos de seguridad, que no dejan de crecer para controlar el descontento frente a esta descomposición. ¿Qué clase de sociedad se está conformando sobre estas rutas?

24° La divisa privatizadora bajo el proceso de ocupación neoliberal arroja un saldo escalofriante y aún está por cobrar sus últimas cuentas. A estas alturas, más del noventa por ciento de lo que alguna vez fueron empresas del Estado han sido malbaratadas, en lo que ha constituido un negocio redondo para empresarios nacionales y extranjeros, que primero fueron subsidiados por ellas, luego las compraron por debajo de su precio real, en algunos casos fueron generosamente “rescatados” con fondos públicos, para luego volverlas a comprar a precio de ganga. Ha sido así que sectores como los bancos quedaron ya casi por completo en manos extranjeras. Ahora se va por lo que queda como pendientes de la agenda privatizadora, lo que pomposamente se denomina como las reformas estructurales de “tercera generación”, que además representan nichos seguros para la inversión: la energía (petróleo y electricidad), la salud y la seguridad social, la educación pública, el patrimonio cultural, la biodiversidad y el agua. Es la privatización de la vida, en contraposición a cualquier futuro de justicia, equidad y bienestar social.

25°. El petróleo, símbolo de la soberanía nacional desde el momento de su expropiación y patrimonio esencial del pueblo de México, ha sido objeto de una privatización hormiga, mediante los contratos de servicios múltiples. Simultáneamente, ha servido para financiar los gastos gubernamentales a costa de su descapitalización, que hoy es argumento para inyectarle inversiones privadas. Y de la misma manera, la amenaza de privatización se cierne sobre la electricidad y el agua. Sólo la resistencia activa mostrada por diferentes sectores de la sociedad ha logrado detener hasta hoy estos procesos, que son reclamados por el Banco Mundial y los inversionistas interesados.

26°. México enfrenta una crisis de agua, a pesar de su dotación natural de ríos y lagos, contaminados, por cierto, en un 94 por ciento. En los últimos años han desaparecido cinco lagunas y alrededor de 38 ciudades presentan problemas de agua. Once millones de personas no tienen acceso a agua potable y la conflictiva social por problemas relacionados con el agua o con su utilización productiva, como es el caso de la construcción de presas hidroeléctricas, se incrementa proporcionalmente a su escasez.

27°. Los largos años de ocupación neoliberal han dejado un panorama desolador para la gente que depende de su trabajo para vivir. Para los que tienen la fortuna de tener trabajo, de 1982 a la fecha el salario ha perdido el 70 por ciento de su poder adquisitivo; es decir, se necesitaría un incremento del 200 por ciento para recuperarlo. Más de la mitad de la población en edad de trabajar se encuentra en el desempleo, el subempleo o, en el mejor de los casos, en la llamada “economía informal”, como un fenómeno que ha adquirido carácter estructural, incluyendo las cadenas “informales” de producción o distribución de mercancías, en las que miles de personas a domicilio o en pequeños talleres inhumanos, producen o distribuyen por su cuenta para las grandes compañías, marcas y tiendas de autoservicio, sin que éstas los reconozcan como sus trabajadores.

28°. Quienes encuentran “empleo” se enfrentan también ahora al empleo precario: sin seguridad, sin prestaciones, con salarios de hambre y en condiciones en general violatorias de la Constitución y las leyes laborales. Para burlar sus obligaciones e inhibir aún más la organización colectiva, los patrones recurren crecientemente a la tercerización o subcontratación. Por si fuera poco, existe una verdadera campaña para hacer aparecer toda conquista laboral como un privilegio, enfocada ahora especialmente a reducir los derechos a una jubilación y pensión dignas. Para evitar las violaciones a las leyes, la solución es fácil: cambiar las leyes, y por ello se busca una reforma laboral que institucionalice la flexibilización brutal que se ha venido poniendo en práctica.

29°. Como mancuerna de estas políticas neoliberales, se refuerza aún más la ausencia de libertad de asociación sindical, que en algunos casos se traduce en prohibición directa, como en las maquiladoras. Actualmente la mayoría de los trabajadores formales se encuentran bajo sindicatos y contratos de protección patronal; esto es, pactados mafiosamente entre “lideres” y abogados con los patrones, con el desconocimiento absoluto de los trabajadores. El fenómeno de la migración atañe a toda la población en el país, y está generando serios problemas políticos, sociales y económicos, obligando a plantear nuevas estrategias de convivencia social.

30°. El 17 por ciento de los migrantes mexicanos tienen entre 15 y 24 años de edad4. Solamente en el último sexenio, más de tres millones y medio de mexicanos traspasaron la frontera hacia Estados Unidos. Algunas estimaciones señalan que el 9.4 por ciento de los mexicanos se encuentran fuera del país. Cerca de medio millón de connacionales fueron detenidos en el 2006 en Estados Unidos y deportados hacia México. Los emigrantes son también centroamericanos y atraviesan nuestro país sufriendo maltratos y violaciones a sus derechos humanos. Miles de hondureños, salvadoreños, guatemaltecos y nicaragüenses son víctimas de violencia física, extorsión, tortura y privación ilegal de su libertad. Miles de mujeres han sufrido violaciones sexuales y abusos por parte de autoridades mexicanas.

31°. Las políticas neoliberales profundizan las migraciones y provocan nuevas corrientes y patrones de movilidad laboral hacia las regiones de agricultura comercial, ciudades capitales regionales y de la frontera norte, centros turísticos, reforzando la histórica marcha rumbo a Estados Unidos. La fisonomía de los migrantes internos se diversifica étnica y generacionalmente, y se feminiza, al igual que la de los migrantes que cruzan la frontera hacia Estados Unidos, que es cada vez más heterogénea social y culturalmente: trabajadores del campo y la ciudad, clases medias empobrecidas y sin empleo, sin olvidar los “cerebros” fugados.

32°. La xenofobia, casi siempre pensada hacia los extranjeros de nacionalidades varias, no se ha reconocido hacia otros migrantes internos que se desplazan por el territorio nacional, y quienes igualmente son exteriorizados, atributo para marcar diferencia, distancia y limitar derechos, racializados y excluidos por sus orígenes regionales, y estigmatizados como los de fuera en su propia nación. Es evidente una relación entre exclusión neoliberal, xenofobia y racismo, particularmente cuando se trata de los emigrantes indígenas en contextos urbanos, o el paso de un tipo de rechazo a otro, una vez que el otro se vuelve próximo y ocupa un lugar, se fija y arraiga en el territorio. Los excluidos pueden tener distintos nombres y procedencias culturales, regionales y nacionales. La interioridad y la exterioridad, así como la movilidad de las fronteras étnicas, culturales y locales, regionales, nacionales y transnacionales son constantes, como lo son sus cotidianas transgresiones.

33°. El racismo y la xenofobia pueden dirigirse a muy distintos sujetos sociales internos y externos a la nación. El neoliberalismo fragmenta espacios de relaciones, identidades colectivas, la propia comunidad nacional y los movimientos sociales. Mientras estos procesos de fragmentación separan, se produce paradójicamente una homogeneización de las condiciones sociales y formas de exclusión que igualmente afectan a una diversidad de sujetos, y de las cuales pueden surgir estrategias comunes que articulen las luchas sociales.

34°. En los últimos años se da por un hecho que México se encuentra en plena “transición a la democracia”, si bien con sus contradicciones, avances y retrocesos. En realidad no existe tal transición a la democracia. La “alternancia” de partidos y políticos no ha alterado la continuidad de las políticas neoliberales, la persistencia de las estructuras corporativas, la resistencia a saldar los crímenes del pasado y la ausencia de mecanismos verdaderamente democráticos, a través de los cuales la gente pueda participar y decidir. Tampoco ha cambiado la violación constante de los derechos humanos y las garantías constitucionales, la falta de control de los medios masivos de comunicación, la impunidad y la corrupción. Los comicios se reducen a un circo electoral que va de reforma en reforma, sin impedir la repetición del fraude, la falta de respeto al sufragio efectivo, la posibilidad de que los ciudadanos puedan votar por proyectos y no sólo por políticos de uno u otro color, el derroche de recursos públicos que se invierten en las campañas electorales y en los aparatos partidarios —que se creen los dueños del país y de la “democracia”—, sin propiciar la real disputa por el poder y evitar la “alternancia” de las mafias narco-político-financieras que predominan más allá de las fronteras partidarias. Para que exista o, mejor dicho, para que pueda iniciarse una verdadera transición a la democracia, es indispensable primero una ruptura tajante, profunda, con el viejo orden, el desmantelamiento de las añejas estructuras antidemocráticas, comenzar a saldar decididamente los grandes pendientes humanos, democráticos y sociales que existen en el país.

35°. Las fuerzas armadas, cuidadosamente preparadas para la “guerra interna” y la contrainsurgencia, desde los tiempos de las escuelas militares panamericanas dirigidas por Estados Unidos, han pasado a ser verdaderos ejércitos de ocupación, emplazadas en vastas regiones del país y en prácticamente todas las regiones indígenas. Muchos de sus altos mandos están, como los políticos civiles, asociados al gran capital, en formas directas o indirectas. La dependencia y vinculación de las fuerzas armadas mexicanas con las estrategias militares y de inteligencia de Estados Unidos, en el marco del ASPAN, y a través de la asistencia, entrenamiento y apoyo de todo tipo de militares de ese país a sus contrapartes locales, han cerrado el círculo de la dependencia de México en el terreno militar, de seguridad e inteligencia. La militarización de la seguridad pública y los cambios legislativos para adecuar el marco jurídico-constitucional del país a las exigencias estadounidenses en materia de seguridad y terrorismo, acentúan el carácter neocolonial de nuestra dependencia.

36°. La televisión y “los medios”, que producen la “verdad virtual”, a la manera de los antiguos magos de la India, capaces de hipnotizar a multitudes enteras, van imponiendo significados fabricados que sustituyen los sentidos comunes construidos colectivamente y, consecuentemente, tienden a borrar o parcelar las memorias y a generar una pasividad que inhibe la autodeterminación como un proceso directo, activo y participativo del pueblo de México.

37°. Las elecciones han sido suplantadas en su añorado papel de representación de la ciudadanía por el oligopolio de la televisión, por el uso abierto y encubierto de múltiples recursos de la cultura mexicana y estadunidense en materia de trampas electorales y de “política sucia” antigua y electrónica, para lograr los resultados deseados. A esto se suma la influencia monetaria y la manipulación y violencia de los poderes fácticos, que deciden en última instancia el rumbo de la “transición democrática” y el carácter de la alternancia. Los procesos electorales se transforman en eventos mediáticos superficiales, en los que la oferta partidaria no difiere en la sustancia, y sólo permite una alternancia controlada por los grandes electores neoliberales.

38°. El Poder Ejecutivo sigue usando al presidencialismo, aunque sin bases sociales y sin negociaciones para que se beneficie por lo menos sectores de campesinos, trabajadores y clases medias. El Poder Legislativo logra votos de unanimidad o de mayoría suficiente para aplicar las políticas neoliberales, entre pleitos por las curules y las “concesiones”, al tiempo que una llamada “nueva izquierda”, políticamente correcta, hace una oposición muy poco efectiva dentro del nuevo sistema de “partidos de Estado” que encabezan el viejo PRI y el restaurado PAN. El Poder Judicial toma algunas medidas autónomas, a las que después hace ajustes, interpretaciones, precisiones, con argumentos legales “magistrales”, en los que echa abajo sus efímeras oposiciones.

39°. Los partidos políticos se han mimetizado con el Estado en la aplicación de la política neoliberal, de tal manera que son inconsecuentes con la defensa de los intereses nacionales, sociales y ciudadanos. Los partidos mexicanos son la expresión de la crisis de legitimidad y credibilidad que provoca la democracia tutelada por los poderes fácticos, las corporaciones, los monopolios mediáticos, el narcotráfico y la delincuencia organizada. Esta crisis alcanza también a los partidos de la izquierda institucionalizada, al ser absorbidos en las reglas del juego que establece el poder, y al dejar de ser portavoces de las causas populares y de los movimientos sociales. Al divorciarse de la sociedad, estos partidos devienen en grupúsculos marcados por el arribismo, el oportunismo y la corrupción.

40°. Las políticas culturales del Estado mexicano y la transnacionalización corporativa neoliberal a través de los medios masivos de comunicación, la información y las llamadas industrias culturales, se han venido apropiando de la cultura con fines mercantiles y homogeneizadores. El patrimonio cultural, como memoria de la nación y de todos sus pueblos y componentes regionales, como soporte también de sus identidades, está siendo sitiado por las corporaciones transnacionales y por el uso privado que de él hacen las elites políticas regionales, y por la industria turística que ocupa lugares, costas, territorios y recursos naturales que pertenecen a la nación, y en los que habitan pueblos indígenas, a quienes se convierte en objetos exóticos de consumo.

41°. El vaciamiento de valores y símbolos de identidad nacional que han guardado las propias instituciones culturales del Estado, el INAH y el INBA, y el despojo de sus funciones en defensa de este patrimonio nacional por instituciones como CONACULTA, violando el marco jurídico existente, ha abierto el camino a su privatización y desnacionalización. El control de los medios de comunicación ha significado la difusión de discursos y representaciones de un modelo de vida, de ser y de pensar único, que niega y distorsiona las especificidades y las diversidades culturales, y sus formas propias de significar el mundo. La homogeneización y las formas en que se mediatiza la creatividad popular y se amenaza el patrimonio étnico–lingüístico–cultural de la nación mexicana, son una estrategia de estos poderes para disolver toda frontera política, ideológica y cultural que pueda impedir el avance del capital transnacional. La producción industrial y masiva de lo cultural promueve el consumismo, el individualismo, la competencia y un supuesto humanismo global y, consecuentemente, busca subsumir lo colectivo, la solidaridad y la fraternidad, manifestando su etnocentrismo y desprecio por las identidades de pueblos y culturas, que han de ser el sustrato a partir del cual se articulen otras identidades colectivas y un humanismo global democrático construido en el diálogo intercultural.

42°. En materia educativa, el proceso de ocupación está dirigido fundamentalmente hacia dos objetivos: por un lado, ocupar las mentes de los jóvenes, esto es, formar conciencias adaptadas a una situación social determinada, y, por otro, a producir la fuerza de trabajo necesaria, en función del lugar que ocupa el país en la división del trabajo del capitalismo internacional.

43°. La ocupación en materia educativa ha quedado sancionada en los tratados comerciales y de libre comercio. Antes de la firma del TLCAN, bajo el salinismo, fueron modificados el Artículo 3° constitucional, la Ley General de Educación, que reglamenta dicho artículo y las demás leyes secundarias. Esto es, que todo el marco jurídico y legal que regía el sistema educativo nacional fue modificado en correspondencia con las nuevas reglas introducidas por el TLCAN. La repercusión más importante fue que dejó de concebirse a la educación como un derecho social, y, por lo tanto, asequible a todos, en todos sus niveles y formas, para convertirse en un servicio; es decir, algo que puede ser privatizado, y cuyo acceso dependerá de las posibilidades y preferencias individuales del consumidor. Esto significa, en materia de educación superior y media superior, anular la responsabilidad social del Estado y, consecuentemente, acabar con el principio de gratuidad.

44°. El desmantelamiento del Estado benefactor y la imposición del modelo neoliberal implicó la elaboración y la instauración de nuevas políticas educativas, cuyo eje conductor ha sido el discurso de la calidad, la eficiencia y la competitividad. En nombre de la calidad se impulsaron medidas y reformas que modificaron de manera sustancial los esquemas de funcionamiento, las relaciones entre los distintos actores educativos dentro y fuera de las escuelas, los contenidos educativos y, de manera importante, los fines de la educación en el país. Para lograr estos objetivos, se han instrumentado los más diversos programas y políticas de gobierno, como la carrera magisterial, los estímulos a la productividad docente, o las “escuelas de calidad”6, encaminados a ganar un mayor control político del sistema educativo nacional, y una mayor subordinación de sus actores sociales.

45°. Los programas de estímulos a los maestros alentaron el premio a la individualidad y a la competencia, eliminando la solidaridad y cooperación académica, promoviendo con ello una mentalidad empresarial, en la que los investigadores, “por iniciativa propia”, buscan “nichos” en el mercado, para colocar “el producto” o resultado final de su trabajo, pues de ello depende en gran medida el monto del ingreso o salario personal.

46°. En este contexto, y como consecuencia de las restricciones presupuestales a la educación pública, pero además bajo las presiones de organismos financieros internacionales como la OCDE y el Banco Mundial, se alentó a las universidades públicas a diversificar sus fuentes de financiamiento; lo que, traducido quiere decir por un lado imponer a sus alumnos un aumento en el cobro de colegiaturas, y, por otro, ponerse al servicio de las empresas que compararán los productos universitarios por una buena cantidad de dinero. En una palabra, estamos hablando de un proceso de privatización de la educación superior. También, como consecuencia del TLC, quedó abierto a la inversión privada el mercado de la educación. Lejos de lo esperado, no llegaron con abundancia los capitales extranjeros, pero los inversionistas nacionales ocuparon rápidamente el nuevo espacio que se abría. Así, entre 1990 y 2002 las escuelas particulares de nivel superior pasaron de 800 a más de 2 mil, y la matrícula privada creció de 22 a 33 por ciento respecto de la matrícula nacional.

47°. Como parte de esta misma tendencia general de privatización y mercantilización de la educación, legitimada bajo el discurso de la calidad, los gobiernos neoliberales dejaron de impulsar el crecimiento de la Universidad Autónoma tradicional que conocemos (cuyas tres funciones básicas son la enseñanza, la investigación y la difusión de las culturas), para promover, primero el crecimiento de la universidad privada, la universidad a distancia y la creación de Institutos y “Universidades” Tecnológicas. Estas últimas han recibido un gran apoyo gubernamental en los últimos años, y se han creado ya más de 100 planteles; sin embargo, en realidad no son universidades (que cumplen mínimamente con las tres funciones básicas ya mencionadas), sino centros de capacitación y adiestramiento laboral post-bachillerato, con ciclos cortos de educación, basados en la nueva concepción de un profesionista deshumanizado y sin conciencia histórica, con una concepción pedagógica centrada en la enseñanza de manuales técnicos, y vinculados directamente con las empresas privadas enclavadas en la localidad, cuyos directivos deciden en última instancia los programas de estudio y los perfiles profesiográficos de la región.

48°. Esta política de impulso a modalidades de educación superior, distintas a la Universidad Pública Autónoma tradicional, fue planteada de manera deliberada para contener el crecimiento de la matrícula en las mismas, evitando así por un lado los problemas que provocaría al gobierno la presión de miles de jóvenes que no tienen la oportunidad de continuar estudiando, aunque también para cubrir con los requerimientos laborales que exige la cada vez mayor complejidad tecnológica en el ámbito laboral. Para que el país pueda atraer la inversión extranjera que busca el gobierno, es necesario ofrecerles una mano de obra dócil y bien capacitada.

49°. Una de las consecuencias sociales más graves de la aplicación de la política neoliberal en materia de educación, ha sido la exclusión de miles de jóvenes a ejercer su derecho a recibir educación universitaria. Ante la creciente demanda de acceso, y para legitimar estas políticas de exclusión, se optó, siempre bajo el discurso de la calidad, por hacer más selectivos y rigurosos los mecanismos de ingreso a las universidades. El argumento es que sólo entren “los mejores”. Se esconde así el hecho trágico de que en nuestro país sólo el 23 por ciento de los jóvenes en edad de cursar estudios superiores, están inscritos en el sistema educativo nacional.

50°. En términos de “dominación ideológica”, toda la educación en México, desde el nivel básico hasta el superior, está siendo modificada por sucesivas reformas en sus contenidos y planes de estudio. En esencia, todos los cambios tienen como denominador común preparar a los alumnos para resolver problemas técnicos concretos, manteniéndolos en un estado de pasividad; es decir, sin conciencia crítica de sí mismos y de la sociedad. Para esto se puede, y es necesario prescindir del estudio de la historia, artes, humanidades; pero es indispensable aprender a leer, a escribir (habilidades en el manejo del español) y conocer los números (habilidades en el manejo de la aritmética).7

51°. En síntesis, el discurso neoliberal ha sido muy eficiente en el campo de batalla ideológica, y en gran medida ha sido exitoso en ocupar las mentes de los funcionarios, profesores y estudiantes, para que en aras de “la calidad”, el “desarrollo económico” y la “integración laboral”, apoyen una educación desnacionalizada, con amnesia histórica y funcional al modelo hegemónico vigente.

4. La dimensión jurídica o normativa

52°. En el periodo del 2000 al 2006, México tuvo la visita de 20 Mecanismos Internacionales del Sistema de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano. De estos mecanismos se han derivado 16 informes que dan cuenta de la situación de los derechos humanos, en temas como tortura, migrantes, discriminación, independencia de magistrados y abogados, defensores de derechos humanos, vivienda adecuada, desplazados, indígenas y violencia, entre otros. Sin embargo, con todo ello el país ha venido acumulando una cantidad enorme de recomendaciones, que no logran que el gobierno dé pasos decididos para proteger debidamente los derechos humanos en la vida cotidiana, pues aún se padecen violaciones graves y sistemáticas, como son las ejecuciones extrajudiciales, la tortura y las desapariciones forzadas, además de la prácticamente nula garantía de los derechos económicos, sociales y culturales. Todo esto aunado a la impunidad y a severos problemas de acceso a la justicia.

53°. Violaciones graves de los derechos humanos que han quedado impunes son las matanzas de Aguas Blancas, en Guerrero, en 1995; la de Acteal, en Chiapas, en 1997, y la de El Charco, igualmente en Guerrero, en 1998; los más de 600 casos de crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen durante la guerra sucia de los años 60, 70 y 80; las agresiones y el asesinato contra periodistas y medios de comunicación social; la violación sistemática contra los derechos individuales y colectivos de los miembros de los pueblos y comunidades indígenas; la muerte y violaciones graves a los derechos humanos de cientos de migrantes que intentan cruzar las fronteras de Guatemala con México, y de México con Estados Unidos, así como las violaciones a su derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso; el hostigamiento en contra de las/los defensoras/es de derechos humanos; la criminalización de la protesta social y la reciente represión a los movimientos sociales, como han sido los casos de Cancún (2003), Guadalajara (2004), y sobre todo San Salvador Atenco (2006) y Oaxaca (2006), a los que podríamos añadir la represión contra los obreros de la SICARTSA en el 2006, sólo por mencionar algunos. Todo esto es muestra de que no se ha logrado atender de manera integral las violaciones de los derechos humanos, mediante una adecuada e imparcial investigación, garantías al debido proceso, sanción y reparación de daños.

54°. La impunidad continúa siendo una constante y es una muestra de los pocos avances concretos en materia de derechos humanos en México. Entre los casos paradigmáticos se encuentran la discriminación y violencia de género en los asesinatos y desapariciones de mujeres y niñas que han ocurrido no sólo en Ciudad Juárez, Chihuahua, sino también en otros estados de la República, como Sonora, Sinaloa, Nuevo León y el Estado de México; la violencia de género ejercida por militares en contra de indígenas en varios estados del país; las violaciones a los derechos sexuales y reproductivos, especialmente de las mujeres y los crímenes de homofobia.

55°. Al final de la administración foxista ocurrieron graves atropellos a los derechos humanos por parte de las autoridades estatales y federales, que recurrieron a la represión policial como una medida para sofocar los descontentos sociales en diversas regiones del país. En lo que va de este sexenio se ha mantenido la impunidad a favor de los culpables de esas violaciones a las garantías individuales y han ocurrido otras, como las detenciones de los líderes sociales oaxaqueños, su internamiento injustificable en penales de alta seguridad, los tratos crueles, inhumanos y degradantes de los que han sido víctimas estando en prisión, así como su posterior consignación por el delito de secuestro equiparado a 67 años y medio de cárcel; la muerte de la indígena de 73 años Ernestina Ascensión Rosario en la sierra de Zongolica, Veracruz, presuntamente causada por elementos del Ejército, así como los ya referidos atropellos del 14 de junio, 27 de octubre y 27 de noviembre del año 2006, y los del 16 de julio de 2007 en Oaxaca. Además, las autoridades han exhibido un reprobable desinterés en el cumplimiento de su responsabilidad de perseguir y castigar a los culpables de violaciones a los derechos humanos. La exoneración por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional y un juez de Saltillo, de catorce de los veinte militares en servicio activo que el 11 de julio de 2006 participaron en los delitos de violaciones sexuales (propios e impropios), lesiones, intimidaciones y tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como la debilidad con la que actuaron los organismos de procuración e impartición de justicia de Coahuila.

56°. En lo que va de la administración de Felipe Calderón, desde su toma de posesión no hay tampoco determinaciones y definiciones claras y contundentes de política pública al respecto, y el tema apenas se incluyó en forma muy acotada en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012; por el contrario, se ha incurrido en prácticas como el notable incremento del empleo de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interna, así como la aceptación tácita de la criminalización de la protesta social que, se sabe desde siempre, propician violaciones masivas a las garantías individuales, las libertades y los derechos políticos. Es más, con el pretexto del combate a la delincuencia organizada ha llegado a proponer reformas penales contrarias a la Constitución, que comprometen gravemente la vigencia de derechos humanos fundamentales, y en la última reforma que realizó el Senado al Código Penal Federal, se asimiló de manera confusa al delito de terrorismo la protesta social pacífica y el derecho a la manifestación pública. Todo ello ha hecho pensar en el propósito del régimen de montarse sobre el reclamo de la sociedad de ver satisfecho su derecho a la seguridad, para deslizarse hacia un gobierno cada vez más autoritario y represivo.

5. La lucha por la independencia y la soberanía nacional sigue

Ante esta situación de verdadera emergencia nacional en que nos encontramos, llamamos a todas las fuerzas patriotas y nacionales a continuar con el proyecto de lucha, que puede y debe ser pacífico, por la democracia. Conscientes de que el anhelo histórico de México consiste en estructurar un país soberano y democrático, que permita a todos los integrantes de su nación su pleno desarrollo, en su unidad y en su pluralidad, en sus comunidades y para todos y cada uno de sus miembros. Ello significa impulsar la solidaridad y el apoyo entre los componentes de la sociedad.

Es necesaria e impostergable la organización de comunidades autónomas en todo el país; comunidades cuyos miembros se autoidentifiquen y se autogobiernen democráticamente para la producción-intercambio-defensa de su alimentación, sus artículos de primera necesidad, su educación y concientización, con niños, mujeres, ancianos y hombres para la defensa de la vida, del patrimonio público, de los pueblos y de la nación, para la preservación del medio ambiente y el fortalecimiento de los espacios laicos y de los espacios de diálogo, que unen en medio de diferencias ideológicas y de valores compartidos.

Llamamos respetuosamente a las comunidades existentes, o a quienes tomen las iniciativas de sus propias organizaciones, a ejercer en todo momento la democracia como libertad, como pluralidad de creencias filosóficas y religiosas, como honestidad individual y colectiva, con claridad en el manejo de los fondos y recursos públicos o colectivos; como desmercantilización de servicios, que sólo pueden darse aumentando la cultura comunitaria y las relaciones de interés social general.

Llamamos respetuosamente a esas comunidades a no embarcarse en discusiones abstractas o dogmáticas sobre las mejores formas de organizarse. Todas las experiencias muestran que para los propósitos emancipadores, la lógica de la combinación de fuerzas y organizaciones es más eficaz, cuando lo principal es lograr objetivos comunes. Según su historia, conocimiento y experiencias de organización y lucha, cada movimiento escogerá las organizaciones jerárquicas para fines de defensa, en tanto para esos fines éstas revelen ser las más eficaces. Y lo serán siempre que entiendan el “mandar obedeciendo” como los lineamientos generales que les dan las bases, e informando a éstas de sus actos, sin salirse de esos lineamientos. Y, en todo caso, proponer los cambios necesarios a las bases y darles la última palabra en la decisión.

Al mismo tiempo que llamamos a la unidad en la diversidad de las fuerzas patriotas y liberadoras, pedimos que reflexionen sobre la importancia que para la lucha por la independencia de la nación, para la democracia en México y para un nuevo socialismo tiene la construcción de alianzas, frentes o bloques, en los que los trabajadores y pueblos marginados, excluidos y discriminados tengan, dentro de las organizaciones alternativas, un peso real y moral efectivo, por su fuerte presencia, y por la decisión inquebrantable de no traicionarlos a la hora del triunfo, como ha ocurrido en el pasado, en que se les usa y mediatiza a la hora de las luchas liberadoras y se les olvida y abandona a la hora de los triunfos.

Ninguna alianza, frente o bloque construirá otro mundo posible y mejor que se encamine a la emancipación humana, si no tiene física y moralmente presentes a los pobres de la tierra y a quienes están decididos a echar su suerte con ellos. Cabe recordar que muchos grandes latinoamericanos cumplieron con ese propósito que Martí precisó para las luchas de nuestra América.

No son tolerables ni morales ni “políticas” ni “realistas” más burlas a los pueblos indios y a los trabajadores proletarios, que siempre han sido utilizados como carne de cañón o como instrumento por quienes, cuando triunfan, los dejan en iguales o peores condiciones de exclusión y discriminación, hechos vergonzosos que se dan desde la lucha por la independencia de México hasta la traición colectiva a los acuerdos de San Andrés. Impedir que esas traiciones se repitan es posible, y si no se cumplen al pie de la letra, otro mundo mejor será imposible.

No nos engañemos y no nos engañarán: México hará una gran contribución a la liberación humana.

Juntos luchamos, juntos ganaremos, gobernaremos juntos.

“Por Paz con Democracia”

Pablo González Casanova, Víctor Flores Olea, Miguel Concha Malo, Miguel Álvarez, Luis Hernández Navarro, Alicia Castellanos Guerrero, Gilberto López y Rivas, Héctor de la Cueva, Ana Esther Ceceña, Magdalena Gómez, Higinio Muñoz, Samuel Ruiz García, José Antonio Almazán, Dolores González, Pablo Romo Cedano, Gonzalo Ituarte Verduzco, Juan Bañuelos, Juan Brom, Oscar González, Guillermo Briseño, Guillermo Almeyra, Alfredo López Austin, Carlos Fazio , Rafael Reygadas, María Fernanda Campa Uranga, Manuela Alvarez y Santiago Alvarez.


1 En el momento en que se rompe la autosuficiencia alimentaria, o incluso como parte de los mecanismos que la precipitan, se inicia la importación de maíz de baja calidad para forraje y las políticas de dumping que no solamente arruinan a los campesinos, sino que facilitan la erradicación de especies nativas de mucho mayor calidad nutricional, pero de menor rendimiento productivo. Actualmente se importan alrededor de 10 mil toneladas., un tercio del maíz que se consume en el país.

2 Es el saldo de la deuda externa neta del sector público federal. Datos del Banco de México a junio de 2007.

3 Deuda interna neta del sector público federal al cierre de julio del 2007.

4 Según expertos del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)

5 Ver datos de Sin Fronteras I. A. P. y Frontera con Justicia A. C.

6 El programa de “escuelas de calidad”, por ejemplo, otorga recursos adicionales a las escuelas de educación básica, con el objetivo de mejorar las condiciones infraestructurales de las mismas; sin embargo, por un lado está basado en una relación comercial, mediada por el dinero, entre el gobierno federal, el local y los distintos actores de la escuela (docentes, estudiantes y familias), y, por otro, profundiza, en lugar de subsanar las desigualdades existentes, ya que el programa establece que la cantidad de recursos que aportará la federación dependerá de la cantidad de recursos que aporte la propia escuela. Como resultado, las escuelas que más dinero pueden aportar, más recursos reciben, y viceversa.

7 Este es el sentido de la última reforma realizada a la educación secundaria (la RIES, Reforma Integral a la Educación Secundaria), que entró en vigor a partir del ciclo escolar 2006-2007.