Reforma energética; medias verdades

Medias verdades*

Francisco Rojas

19 de febrero de 2008

El bombardeo mediático a la sociedad sobre la reforma energética produce desinformación, confusiones semánticas y fervorosas proclamas sobre no modificar la Constitución, no privatizar Pemex y no vender ningún fierro, que sirven para adormecer conciencias y generar repeticiones, posiblemente de buena fe, de argumentaciones falaces, distorsionadoras de la verdad.

Convicciones ideológicas, compromisos políticos o intereses económicos se conjugan para ocultar la trama y evitar que se discutan abiertamente argumentos a favor o en contra de una reforma que rescate a Pemex, supere los problemas y preserve la soberanía energética y el disfrute de los recursos para las próximas generaciones.

Basten algunos ejemplos: existe consenso en que el fisco privilegió la producción y exportación de crudo debilitando la refinación y que ahora importamos gasolinas en vez de procesarlo internamente para generar empleo y valor agregado; pero algunos proponen que lo refinen extranjeros sin que expongan argumentos sobre por qué Pemex no debe hacerlo, cuando existen recursos y experiencia, y la tecnología no llega al 1% del valor de una refinería.

Se dice, con razón, que el transporte por pipas es más caro que por ductos; pero se oculta que únicamente 3% del volumen de productos se mueve por pipas y que para Pemex no es ningún problema construir o conservar ductos y terminales, si le dieran recursos suficientes.

Se dice que la terminal de Tuxpan es insuficiente y que se pone en peligro el abastecimiento de combustibles al valle de México, obligando a utilizar pipas; pero no se informa que todo el combustible que se importa se mueve por ductos, que las demoras por mal tiempo únicamente costaron 50 millones de pesos en 2005 y 60 millones de pesos en 2006; y que existe ya un proyecto que resolvería toda la problemática hasta 2030, que costaría 370 millones de dólares y que se encuentra detenido.

Tampoco se informa que un grupo de inversionistas privados desea construir frente a las instalaciones de dicha terminal un muelle y una tanquería para importar combustibles, que luego le venderían a Pemex o a particulares, si es que se modifica la legislación.

No se aclara que concesionar ductos, terminales o refinerías es iniciar la enajenación gratuita de nuestro mercado interno de combustibles que valdría alrededor de 75 mil millones de dólares, perdiendo además soberanía, cosa que ningún país estaría dispuesto a hacer.

Se dice que en aguas profundas del golfo de México existen 29 mil millones de reservas prospectivas; pero no se aclara que, según la Sener, los recursos prospectivos se definen como “la cantidad de hidrocarburos estimada a una fecha dada, de acumulaciones que todavía no se descubren pero que han sido inferidas, y que se estiman potencialmente recuperables, basado en información geológica y geofísica del área en estudio y en analogías con otras áreas donde un cierto volumen original de hidrocarburos ha sido descubierto”.

Tampoco se dice que, conforme a dicha definición, en el sureste existen 18 mil millones de reservas en aguas someras y en tierra, donde ya existen instalaciones, se domina la técnica, los tiempos de desarrollo serían menores, y los costos y riesgos serían un tercio de los de aguas profundas.

Se oculta que Petrobras desarrolló paulatinamente durante 30 años su experiencia en explotaciones en aguas ultraprofundas, posiblemente porque no encontró hidrocarburos en aguas someras como México.

No se difunde que la tecnología para aguas profundas la ofrecen compañías que se anuncian en internet y publicaciones especializadas y que está disponible sin necesidad de alianzas estratégicas, ni compartir riesgos o reservas.

Se esgrime como argumento, para apurar el desarrollo de aguas profundas, que en los yacimientos transfronterizos se puede presentar el efecto popote; pero no se dice que estos yacimientos son casos especiales que requieren de acuerdos internacionales para extender la moratoria o explotarlos conjuntamente, sin que puedan replicarse para otros fines; desde hace siete años no se ha hecho nada. ¿Qué esperarán?

Se propaga que únicamente tenemos reservas para 10 años y que nos convertiremos en importadores netos de petróleo; pero no se dice que podemos impulsar reservas probadas no desarrolladas y acelerar la explotación de las reservas probables, con lo que en un plazo razonable duplicaríamos las reservas actuales, programando simultáneamente nuevas exploraciones y el desarrollo paulatino de aguas profundas.

¿Se deberá la desinformación a un plan para sensibilizar a la sociedad, desmembrar a Pemex y ocultar los cónclaves donde se elaboran propuestas e iniciativas, para sorprendernos después del 18 de marzo, aprobando fast track modificaciones a leyes secundarias que posibiliten la apertura a la participación privada extranjera en Pemex?

Analista político

*Tomado de El Universal. México

La batalla de Pemex

Víctor Flores Olea

15 de febrero de 2008

Está en su punto más alto la discusión sobre el estatus del petróleo en México: aquellos que consideran necesario abrir la puerta ancha al capital privado para que Pemex se sostenga, renueve y desarrolle, y aquellos que sostienen que Pemex cuenta ya con los recursos necesarios para realizar plenamente sus funciones presentes y futuras y, entonces, que no debe perder su situación de empresa pública nacional, eso sí, bajo otros supuestos de existencia. El primero sería que no sea literalmente esquilmada por el fisco, al cual está obligada a entregar más de 80% de sus ingresos.

La cuestión se ha convertido en tema de un rudo debate nacional porque los “privatizadores” de Pemex desearían que el país se ajustara plenamente a los intereses de los grandes consorcios y aparatos financieros del mundo globalizado, que han convertido a nuestra sociedad, y a la de todas partes, en un campo en el que sólo cuenta el modo de comprar y vender, deshumanizándola y haciéndola pasto exclusivo de intereses y utilidades. El mundo como lonja y feria en que nada cuenta sino el lucro y el provecho.

La discusión se ha redoblado porque México tiene además ya la experiencia perversa de otras “privatizaciones”, como la de la banca, para no ir más lejos, que comienza siendo para nacionales y termina extranjerizándose. Y lo que es peor: con pésimos servicios y a costos mucho más caros que cuando estaba en manos de la nación.

La reacción en contra de los “privatizadores” ha sido áspera porque su propósito final ha sido además burdamente manipulado. En México, los aparatos publicitarios, en confabulación evidente con los intereses privados nacionales e internacionales, han concertado una campaña montada sobre falsedades y desinformación que se repite sin cesar. La principal mentira: no se trata de “privatizar” sino de otorgarle a Pemex nuevos recursos, privados evidentemente, necesarios para su función.

La mentira de la campaña salta a la vista porque es claro que Pemex cuenta con ingresos suficientes para cumplir con sus fines de desarrollo; siendo también claro que desde hace dos o tres décadas se despoja a Pemex de su patrimonio, como si se hubiera programado con anticipación llevarla a una crisis que haga creíble el argumento de su “privatización” (aunque se disfrace el hecho con otros términos). La principal mentira de la campaña ha sido la de ocultar la “privatización” real que se persigue, en vista de que Pemex ha sido durante décadas el símbolo más eficaz no sólo de la unidad nacional-popular de los mexicanos, sino la marca misma de la existencia de la nación como viable y soberana.

La película, como algunos han dicho, es bien conocida porque ha sido ya ensayada en otros campos y países, incluso en México con los ferrocarriles: hacer quebrar a las empresas nacionales para malbaratarlas al mejor postor, casi sin excepción consorcios extranjeros.

Pero además la batalla de Pemex ha servido para desnudar al gobierno de Felipe Calderón, y para hacer evidente su dócil subordinación a intereses económicos de dentro y fuera. Desnudar su idea matriz de que la salud de la nación vendrá del capital, de aquí y allá, y no de la vida esperanzada de una nación integrada por mexicanos con futuro. El drama es que su destino personal no es sólo subjetivo sino que puede ser el drama de la nación entera. La calamidad es que la mayoría de los mexicanos está convencida de que su principal objetivo al ocupar tan discutidamente la silla del jefe del Ejecutivo es precisamente desnacionalizar los energéticos del país, y en primer lugar Pemex.

Pudiera ser que no necesariamente se privatice en la forma Pemex, pero sí se privatizarán sus ganancias, que hoy son enormes en vista de los precios internacionales del petróleo. Los inmensos ingresos de Pemex que actualmente van a las arcas del gobierno, y que no se han utilizado seriamente para el desarrollo del país, irían a los bolsillos de los privados, de dentro y fuera, a los que se encargaría la gestión de la empresa. Pero sabemos bien que con el actual saqueo no hay empresa que resista: por eso decimos que se ha montado un escenario antinacional, antimexicano y antisoberanía en que el fracaso de Pemex exige su desnacionalización y privatización.

Ya se opina que para evitar ese atentado es necesaria la movilización popular y la presión unida de los mexicanos.

Lo que no han visto Felipe Calderón y asociados es que la operación que traen entre manos induciría a una explosión social de magnitud incalculable. Y a una situación política insostenible, más sumada a los problemas de injusticia social y económica que definen al país. La tumba histórica de Fox fue su intento de desafuero y su abierta intervención en la última elección. La de Felipe Calderón sería este intento, disfrazado o no, de privatizar Pemex y los energéticos. Lo que está en juego es la posibilidad misma de México como país independiente y soberano: la existencia misma de la nación.

Escritor y analista político